La concejal del MPF prestó declaración indagatoria ayer en el marco de una denuncia formulada por una ex colaboradora de su bloque. Oviedo negó pedidos de retornos de los sueldos de sus asesores y explicó que sí hubo aportes voluntarios. También deslizó que la causa forma parte de una operación de desprestigio político hacia su persona.
El juez de Instrucción de Tercera Nominación de Ushuaia, Federico Vidal, indagó ayer a la concejal del Movimiento Popular Fueguino, Mariana Oviedo. Lo hizo en el marco de una causa penal iniciada a partir de la denuncia de una ex colaboradora que dijo que la edil le pedía parte del sueldo a modo de retorno.
Mariana Oviedo compareció ante el juez Vidal y brindó una extensa declaración. En la misma pudo tener conocimiento de la prueba colectada hasta el momento y explicó al magistrado que las transferencias bancarias realizadas por la denunciante hacia la cuenta de una familiar de la concejal, formaban parte de un aporte voluntario.
Por otra parte, Oviedo también cuestionó el proceso y lo adjudicó a que forma parte de una campaña de desprestigio impulsada por un sector político de su partido. Esta manifestación ya había sido deslizada en su momento argumentando una especie de vendetta, informaron fuentes judiciales.
Vale decir que la causa ya tiene más de dos años y con la declaración de Oviedo el juez Vida debe avanzar sobre la calificación legal del proceso. Días atrás prestó declaración indagatoria una familiar de la concejal y se aguarda que comparezca a declarar un hombre que también sería funcionaria de la parlamentaria.
Si bien el requerimiento de instrucción no especificó una figura legal, la imputación posible podría encuadrar en el delito de exacciones ilegales o concusión. La exacción ilegal castiga con pena de uno a cuatro años más inhabilitación, al funcionario público que abusando de su cargo solicitare, exigiere o hiciese entregar indebidamente, por sí o por terceros, una contribución, un derecho una dádiva. Mientras que la concusión reprime con prisión de dos a seis años al funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en el artículo anterior.
Una vez que concluyan las indagatorias, el juez Vidal tendrá 10 días para resolver la situación procesal de los imputados y determinar si hay pruebas suficientes para dictar un procesamiento, o de lo contrario emitir una falta de mérito o eventualmente el sobreseimiento.
Fuente: El Diario del Fin del Mundo.